La responsabilidad, el sacrificio y la confianza en la sociedad civil permitirán atender la salud, la educación, la investigación, la vivienda, el cambio climático, la descarbonización, el agua, sin dilación, escogiendo entre los mejores proyectos con una buena administración.
La responsabilidad, el sacrificio y la confianza en la sociedad civil permitirán atender la salud, la educación, la investigación, la vivienda, el cambio climático, la descarbonización, el agua, sin dilación, escogiendo entre los mejores proyectos con una buena administración.
Los poderes públicos tienen una responsabilidad con la sociedad del presente. Y tienen, además, una responsabilidad con las futuras generaciones. El ejercicio de esa doble responsabilidad no puede acometerse sin la colaboración de la sociedad civil. Las circunstancias que han rodeado la pandemia por Covid-19 y el conjunto de medidas que se han adoptado en orden a frenar su propagación lo han puesto de manifiesto. Sin colaboración pública y privada hubiera sido inalcanzable el objetivo de preservar vida, salud, economía, empleo, bienestar, vivienda y ambiente ni siquiera con limitaciones.
El sacrificio realizado por una sociedad confinada durante tres meses, que ha paralizado casi todos los sectores productivos, ha originado desempleo y ha requerido una inmensa dotación presupuestaria para hacer frente a toda clase de prestaciones sociales, exige ahora de los poderes públicos el impulso de las inversiones públicas y privadas sin dilación, responsables y efectivas.
El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, como entidad inmersa en la sociedad civil catalana, en la confianza de que el impulso a la inversión en investigación, empleo, restauración de las condiciones de trabajo, profesionalización de la juventud, bienestar de las personas mayores y sostenibilidad de las condiciones de vida en el marco fijado por la Unión Europea, sean los principios rectores de toda actuación pública, entiende que es su deber someter a la consideración de los poderes públicos la presente DECLARACIÓN:
– La vida, la integridad física y la salud son valores y bienes esenciales en la sociedad. La inversión en sanidad, en organización de los sistemas de salud y de los sistemas de atención de las personas mayores y dependientes, va más allá de lo público y de lo privado. La distribución de competencias es un título habilitante de actuación de los poderes públicos cuyo estricto ejercicio no ha de redundar en perjuicio de aquellas personas a quienes debe proteger.
– La educación, la enseñanza, la formación de la infancia y la profesionalización de la juventud son el pilar sobre el que pivotará un cambio de hábitos, prácticas y estilos de vida deferentes con los comportamientos exigibles en periodos de cambio climático. Es inversión eficiente en estos sectores la que tome en consideración, también, la proyección futura de las nuevas generaciones, la digitalización y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
– La investigación, como bien se ha demostrado, permite a la sociedad cierta autonomía, dentro de la globalización, incluso en tiempos disruptivos o no favorables. La sociedad requiere inversiones en investigación, públicas y privadas, en aquellas infraestructuras estratégicas que redunden en beneficio del bienestar social, de la mejora de las condiciones de vida, de la economía y del progreso y en los sectores agrario y energético. Es imprescindible dar entrada al mecenazgo cultural y de investigación para fomentar la colaboración privada.
– Hacer efectivo el derecho social a una vivienda digna requiere actuaciones de diversas Administraciones, cada una en diferentes fases del procedimiento de preparación de suelo y de edificación. La inversión en suelo público y la intervención privada en la construcción de viviendas accesibles, preferentemente en régimen de alquiler, cumplirían un doble objetivo: crear empleo y dotar a la juventud de una primera vivienda a precio accesible. El ordenamiento urbanístico no debería constituir un obstáculo para actuar sin dilaciones.
– La mitigación del cambio climático exige la redacción de planes estratégicos de las infraestructuras en servicio, especialmente las destinadas al transporte terrestre y a garantizar la disponibilidad de recursos hídricos. Estas adaptaciones pueden financiarse con fondos públicos y con fondos procedentes de la iniciativa privada.
– El impulso a la descarbonización de la economía requiere que se acelere la transición energética, fomentando las energías renovables con tecnologías probadas, incluyendo los imprescindibles sistemas de almacenamiento y creando marcos estables para que pueda asumirlos la iniciativa privada.
– El cambio climático provoca una reducción y mayor irregularidad en la disponibilidad de los recursos hídricos, especialmente en la zona mediterránea. Las infraestructuras de almacenamiento y transporte existentes requieren importantes inversiones para asegurar su mantenimiento e incorporar modernas tecnologías a su explotación. El mantenimiento de niveles adecuados de seguridad alimentaria y la potenciación de la industria agroalimentaria precisan garantizar la disponibilidad de agua para riego y modernizar las técnicas de su aplicación a fin de incrementar la eficiencia. Es de claro interés mejorar los procesos y la gestión asociados al ciclo urbano del agua, así como fomentar la reutilización de las aguas depuradas, lo que requiere inversiones y adecuadas políticas de repercusión de costes.
– Las intervenciones que han de llevarse a cabo sin dilación y cuyo proceso de ejecución necesita de la colaboración de particulares, empresas, profesionales e inversores, requieren un marco de seguridad jurídica, claridad normativa y legislación transparente y estable que pueda ser manejado por las Administraciones y por los adjudicatarios para alcanzar la finalidad del contrato al que la obra, el servicio o la prestación se contraen. La legislación vigente sobre contratos del sector público no facilita la función de elegir el mejor proyecto objeto del contrato por su calidad, ni el mejor precio contractual por la fórmula de su cálculo, ni ha conseguido impedir que se adjudiquen contratos por debajo de su coste.
– La ciudadanía tiene el derecho a una buena administración, al procedimiento debido y a la motivación de los actos administrativos. Durante la emergencia sanitaria sufrida se ha revelado la incompleta digitalización de las Administraciones, y la regulación de los diferentes procedimientos administrativos precisa simplificación, tramitaciones electrónicas ordinarias, reducción y sustitución de trámites, y transparencia. Es urgente el replanteamiento y desarrollo de las vías de recurso con la introducción de sistemas alternativos de mediación.
